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Desde la ADSP venimos defendiendo que los intentos de privatizar la sanidad española no se han iniciado ahora, ni siquiera con la llegada del PP al Gobierno en 2011. Los intentos de privatización se enmarcan en una tendencia globalizadora diseñada por los ideólogos del neoliberalismo (Milton Friedman y la Escuela de Chicago), impulsada por diferentes gobiernos occidentales desde los inicios de la decáda de los ochenta (Reagan y Thatcher), favorecida por la caída del muro de Berlín y bendecida por organismos como el Fondo Monetario Internacional. La idea es repartirse el botín del llamado estado de bienestar entre los poderosos del mundo, porque otros sectores ya están muy “ordeñados”. Ocurre que en España el estado de bienestar se inició con gran retraso debido a la larga noche del franquismo, hasta 1986 no hubo una Ley General de Sanidad, que nació cuando ya las tendencias mundiales iban en otro sentido y así se explica el intento de réplica que sufrió, solo unos años después de su promulgación, con el denominado Informe Abril. Desde entonces los sectores neoconservadores que representan al capital globalizado no han parado. El Gobierno del PP ha sido su mejor aliado en estos años y el impulso dado a la privatización sanitaria ha sido enorme con el Gobierno de Rajoy.
La pregunta ahora es si esta tendencia a la privatización del sector sanitario público es irreversible. Ello va a depender de la relación de fuerzas entre los ciudadanos, conscientes de la gran perdida que puede suponer, y el gran capital (especialmente el financiero) con la imprescindible colaboración de los gobiernos títeres que están en el poder político, al frente de los cuales tantas veces están personajes que han estado o van a estar al servicio directo de los llamados mercados (“puertas giratorias”). La fuerza de las mareas blancas han conseguido importantes logros en nuestro país, especialmente en Madrid, pero se trata de victorias parciales. Durante los próximos meses tenemos dos grandes oportunidades para decir que no a la privatización sanitaria. Una es las elecciones generales del 20-D y la otra es la oposición firme al Tratado Transatlantico de Libre Comercio (TTIP).
El TTIP lo vienen discutiendo EEUU y Europa desde 2013 sin ningún tipo de publicidad o transparencia, quizás porque piensan que si se conoce lo que se negocia puede existir una fuerte oposición ciudadana a su ratificación. Se trata, en palabras de Susan George, “de un acuerdo de libre comercio e inversión de amplio alcance, que constituye el gran proyecto para situar los intereses de las multinacionales por encima de la soberania nacional, del imperio de la ley y de los derechos ciudadanos”. Se trata de facilitar el comercio (disminuyendo aranceles) y la inversión por parte de las grandes corporaciones multinacionales, sorteando las trabas que pueden representar las legislaciones nacionales o europeas. En el caso de la sanidad, los controles europeos son más estrictos que en EEUU y el TTIP flexibilizaría la legislación ahora vigente en temas como el control sanitario de alimentos o medicamentos, el ejercicio de las profesiones sanitarias o la inversión de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios. La firma del tratado significaría probablemente un paso adelante muy firme de las multinacionales interesadas en llevarse parte del “pastel” sanitario público.
No todo está perdido, recientemente el Parlamento Europeo ha pedido que el sector sanitario quede al margen del acuerdo, no será fácil lograrlo ya que las grandes multinacionales farmaceúticas representan uno de los sectores más empeñados en sacar el tratado adelante.
Los ciudadanos de a pie debemos de estar informados y defender nuestros intereses, en este caso la permanencia y promoción de la salud y la sanidad pública; pero estas grandes batallas también se ganan en el día a día, exigiendo mejorar las prestaciones y la calidad de la asistencia sanitaria en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales.
Aurelio Fuertes
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública
Salamanca 22 de octubre de 2015

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