Si se cumplen las previsiones, en unos meses tendremos transferidos los servicios sanitarios que ahora gestiona el Insalud a la Junta de Castilla y León. Pese a la transcendencia del asunto, el debate parece haber quedado restringido a la elite política. Sin embargo, de cómo se realicen las citadas transferencias va a depender el mantenimiento del sistema sanitario en nuestra comunidad con los niveles de calidad y accesibilidad que ahora tiene. Si ello no fuera suficiente, bastaría citar la cuantía del montante económico a transferir: los presupuestos sanitarios llegan a ser un 30-40% del total de la financiación autonómica.
Existen dos planteamientos básicos que deberían abordarse previamente: el primero es la necesidad de incrementar los presupuestos dedicados al gasto sanitario público (un 1% más del PIB) para poder afrontar los nuevos retos planteados; el segundo la necesidad de hacer un reparto equitativo de la financiación. En la actualidad hay diferencias significativas en el gasto por habitante y año entre diferentes CCAA (en Asturias es de 110.874 pesetas y en Castilla León 97.773). Es preciso a la hora del reparto tener en cuenta otros determinantes además del capitativo (poblacional), como son la tasa de envejecimiento, la dispersión de la población, la morbimortalidad, etc.
Un aspecto no menos importante es si la financiación sanitaria tendrá un tratamiento específico (finalista), diferenciado de la financiación general, o se englobará en ésta. No es algo baladí. Solo una financiación diferenciada permitirá atender las específicas necesidades de salud de cada comunidad y la existencia de una oferta de servicios similar, además de la creación de un «fondo de redistribución» para corregir gradualmente los desequilibrios interregionales. Algo que es tan necesario para nuestra comunidad no parece afectar a los representantes en ella de los partidos políticos mayoritarios.
Aurelio Fuertes 19 Mayo 2001