La situación sanitaria en los centros penitenciarios es un polvorín, tanto para los presos como para la comunidad.La estancia en prisión es una circunstancia temporal en la vida de personas que proceden de la comunidad y regresan a ella .
La población reclusa está especialmente enferma. Según datos de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, un 55 % son usuarios de drogas, un 30 % son portadores del virus del SIDA, la tuberculosis es 20 veces más frecuente que en la población general, etc.
El equipo sanitario del centro depende del Ministerio del Interior y se ocupa de la asistencia individual (con frecuencia, la prisión proporciona el primer contacto con un recurso sanitario) y de llevar a cabo programas específicos: encuesta socio-sanitaria , registro de casos de SIDA, prevención, tratamiento y control de tuberculosis y de enfermedades de transmisión sexual y parenteral, vacunaciones, educación para la salud e intervención sobre drogodependientes. Una gran tarea para equipos muy insuficientes, que funcionan al margen del sistema, lo que dificulta la colaboración entre niveles asistenciales y la coordinación de tareas. La atención especializada la concierta la institución penitenciaria con centros públicos y privados . Existe una fuerte discusión entre los ministerios de interior y de sanidad por quién debe pagar la elevada factura cuando lo importante es asegurar la atención individual primaria y especializada y además una atención colectiva en el plano de la Salud Pública, que permita conocer y controlar las enfermedades transmisibles. Esto exige que el Sistema Nacional de Salud reconozca a este colectivo como usuarios corrientes y al personal sanitario de la prisión como un equipo de atención primaria más e integrado en el sistema.
Concha Ledesma. El Adelanto 2 mayo 1998