Asociación para la defensa de la sanidad pública

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1.- La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) tiene como objetivo prioritario la defensa del sistema sanitario público como un derecho de todos los ciudadanos, equitativo, accesible y financiado a través de los presupuestos generales del Estado. A pesar de la situación de crisis económica global, el sistema funciona aceptablemente y así es reconocido por la población y también por todos los expertos nacionales y extranjeros. En un momento como el actual, la sociedad y los gobernantes que la representan tienen que priorizar a la hora de definir gastos. La salud debe ser un tema prioritario, que exige un esfuerzo presupuestario por encima de otras partidas, lo cual no es óbice para intentar un mayor grado de eficiencia en la gestión de los recursos que se dedican a esta materia.

2.- En lugar de incrementar el presupuesto en sanidad con el objeto de ponerlo a la altura de los países de nuestro entorno, los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas han ido planteando recortes en el sistema, la mayor parte de las veces sin una exhaustiva valoración del daño que estos recortes pueden producir y otras veces con una clara intención de potenciar el sector sanitario privado. En los dos últimos años se ha reducido la financiación sanitaria por habitante en la mayor parte de las CCAA y también en la nuestra. Se ha recortado en sustitución de personal, en material fungible y en obras (en nuestra provincia se han parado las obras del nuevo Hospital y no se han iniciado las anunciadas de los Centros de Salud de El Zurguén y Prosperidad). Finalmente se ha deteriorado la masa salarial de los profesionales sanitarios y se propone que trabajen más horas.

3.- Es posible reducir gastos en el sistema, pero para ello hay que poner en marcha medidas de gestión más eficaces, como el uso adecuado de la alta tecnología, el buen uso de los recursos farmacológicos, el rigor en las derivaciones a la asistencia privada, la rigurosa facturación a ésta de aquellas pruebas y terapias que se hacen en la sanidad pública, la reordenación del caduco mapa sanitario en primaria o la limitación del exceso de personal dedicado a tareas de gestión cuya necesidad nunca ha sido evaluada. Es necesario aumentar la productividad de los centros hospitalarios y para ello se precisa una nueva regulación de la jornada de trabajo que permita trabajar por turnos en los casos que sea necesario. Dicha regulación limitaría las autoconcertaciones (las denominadas «peonadas») que en ocasiones se han puesto en marcha adoleciendo de falta de planificación y de control y que a veces se han hecho ver como necesarias cuando no existía un riguroso cumplimiento de la jornada ordinaria. En cualquier caso hay que empezar por controlar el cumplimiento de la jornada laboral de aquellos que sistemáticamente la incumplen.

4.- El incremento horario puede ser una oportunidad para hacer más productiva la jornada laboral, pero puede acarrear situaciones no deseables como reducir las contrataciones necesarias, suponiendo que el personal al que se ha aumentado su jornada de trabajo suplirá las deficiencias, sin tener en cuenta que muchas plantillas están ya muy ajustadas y que medidas de este tipo aumentan la desmotivación de los profesionales. Otra consecuencia no deseada por injusta, para un personal que con su esfuerzo cubre la parte más dura de la atención medica, es la obligatoriedad de recuperar las horas de descanso de los médicos que hacen guardias. En todo caso, la puesta en práctica de la nueva jornada de trabajo de los facultativos debe ser negociada con cada servicio para llenarla de contenido y que esta medida sirva para mejorar la asistencia sanitaria y tenga la menor repercusión en la vida laboral de cada profesional. En el caso de enfermería el incremento de jornada ya se cumple en aquellos profesionales que hacen turnos, con los solapamientos horarios que permiten transmitir la información necesaria al profesional que se incorpora.

5.- Instamos a la Administración a ser muy rigurosa a la hora de tomar medidas que puedan suponer cualquier recorte en el sistema sanitario público que como decíamos al inicio, ya está en una situación de déficit presupuestario. La sociedad y aquellos que la representan deben tener plena conciencia de que la sanidad pública es uno de los pilares básicos del estado de bienestar y que hay que defenderla de todas aquellas medidas que conduzcan a su deterioro o a su desmantelamiento y trasvase a la sanidad privada. El horizonte no puede ser el que ya se otea en algunas CCAA, de una sanidad para pobres y otra para ricos. No podemos dejar que la historia de marcha atrás y volver a aquella época de los hospitales de beneficencia del franquismo.

 Salamanca a 28 de febrero de 2012

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

 

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