Vivimos tiempos de contradicción e hipocresía. 24 años después, la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de lo que sus detractores auguraban, no ha supuesto mayor número de abortos pero sí el que lo fueran con mayores garantías sanitarias y menor número de fallecidas por abortos ilegales. Ni siquiera el Partido Popular en 8 años de Gobierno ha querido revocar dicha norma, aprobada por el Parlamento y que ahora hipócritamente la utiliza en su política de enfrentamiento permanente.
¿Deben regirse las leyes por las creencias de grupos religiosos ya sean católicos, judíos o musulmanes?. La Unión Europea y sus tribunales ya lo han resuelto y en consonancia con la Constitución.
¿Era necesaria una nueva ley? ¿Debe implicarse el Estado y evitar la posibilidad de sanción penal a la mujer y a los sanitarios?. Parece que la mayoría piensa que sí, aunque a casi nadie le pueda parecer un progreso la necesidad de abortar pero opuestos a que por ello se deba ir a la cárcel. Existe gran hipocresía cuando a algunos de los opositores, incluso los muy católicos, el problema les toca de cerca (un familiar); si no lo aceptan, lo comprenden y miran para otro lado.
Los argumentos en contra, lo serán igual con la ley vigente o con la nueva. La diferencia es que en el futuro las mujeres no arriesgarán ir a la cárcel y que casos como el de la clínica Isadora no volverán a repetirse. Recordemos la inseguridad jurídica que provocó sobre el personal sanitario y las pacientes, maltratados tal vez ilegalmente por la irrupción de un juez y la Guardia Civil, voluntariamente utilizados en la última campaña electoral, conduciendo a la vulneración de derechos fundamentales y demostrando que la actual ley es insegura.
El aborto debe dejar de ser un acto antijurídico que sólo pueda ser liberado de responsabilidad penal en determinados supuestos; debe ser una decisión íntima y personal que la mujer pueda tomar al inicio del embarazo sin tener que dar cuentas del porqué de su decisión.
Maximiliano Diego. El Adelanto 7 Noviembre 2009