El 21 de abril de 2013 falleció por tuberculosis Alpha Palm un joven senegalés de 28 años, un “sin papeles” residente en Can Picafort (Baleares, una de las regiones europeas con la con la renta per cápita más alta). Alpha Palm se había quedado sin tarjeta sanitaria por la entrada en vigor del RDL16/2012 que terminó con la universalidad de la asistencia estableciendo la exclusión de la asistencia sanitaria de colectivos como los inmigrantes irregulares y los españoles con más de noventa días de estancia en el extranjero y que ha tenido efectos desastrosos para el Sistema Sanitario Público y la salud de las personas. En su momento hubo mucho revuelo mediático, pero pasó el tiempo y el “Decreto de la Vergüenza” se ha mantenido. No obstante algunos gobiernos autónomos (Asturias, Andalucía, Euskadi y Navarra) mantienen desde hace tiempo, incluso garantizándola por ley, la asistencia universal en sus territorios. En las últimas semanas otras cuatro autonomías (Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares) se han sumado a las anteriores y están facilitando la tarjeta sanitaria a todas las personas empadronadas en sus territorios. Ante esta situación al gobierno del PP no se le ocurre otra cosa que amenazar a las comunidades díscolas con llevarlas al Tribunal Constitucional por invadir sus competencias y con unas supuestas multas millonarias de la Comunidad Europea. Recordemos que hace ya cinco meses el Ministro de Sanidad anunció la intención del Gobierno de proporcionar asistencia a los inmigrantes solamente en Atención Primaria, con lo cual, sin recetas y sin posibilidad de acceder a los servicios hospitalarios para pruebas diagnósticas o tratamientos en los casos que lo precisen, la medida se queda más bien en una mera maniobra propagandística de cara a las próximas elecciones, que en absoluto pretende resolver el problema. En los últimos días, a la vista de que las amenazas están provocando el efecto contrario y cada vez más autonomías se plantean devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares (Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid estudian normas para hacerlo en breve), el Gobierno aparenta rectificar de nuevo y afirma que se creará un registro para “fichar” a los “sin papeles” que quieran tener derecho a asistencia sanitaria, pero que en ningún caso se les proporcionará la tarjeta sanitaria.
Son muchas las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de profesionales de la salud (Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Semfyc, …), así como organismos internacionales (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, Consejo de Europa,…) que vienen desde hace tiempo instando al Gobierno de España a que rectifique y cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos garantizando el acceso a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en nuestro territorio.
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca, entendemos que el Gobierno, en lugar de amenazas infundadas, o maniobras propagandísticas, lo que debe hacer es reconocer el fracaso de su política sanitaria y derogar el RDL 16/2012.
José Luis Garavís.
Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Salamanca