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Han pasado dos años desde la implantación de la ley antitabaco con algunas consecuencias buenas en las que casi todos están de acuerdo: en los centros de trabajo se respira mejor y muchos fumadores lo hacen en menor intensidad por tenerlo más difícil. Pero en su mayor parte la ley ha fracasado, veamos:
La idiosincrasia española, con el incumplimiento de la ley por parte de muchos fumadores, que en otros campos de su vida personal y profesional sí que son exigentes, pero que en estos pequeños vicios se permiten reclamar su derecho a intoxicarse por encima de los derechos ajenos.
La ley inicialmente se aplicó sin los enfrentamientos sociales que presagiaban sus detractores, pero tristeza de la política, en este caso del Partido Popular, que por estar en la oposición hace todo lo posible para boicotear leyes que no promulgaron ellos, obviando su necesidad. Así, con Esperanza Aguirre a la cabeza, legislan en algunas autonomías para anular los efectos de la ley que el Parlamento de todos los españoles ha promulgado.
Aumenta el número de fumadores adolescentes y mujeres; se estanca el número de fumadores adultos y el número de cajetillas vendidas vuelve a aumentar. España tiene el tabaco más barato de Europa.
En los centros o locales donde se permite, los fumadores lo hacen incluso en mayor medida: no quieres humo, pues toma dos tazas. El aire en bares y discotecas puede hacerse irrespirable para todos y con el demagógico argumento de que la entrada es libre.
Existe una descarada ausencia de inspectores y la intención de algunas administraciones autonómicas para que no actúen.
Otros países de nuestro entorno (Francia, Italia) hace ya tiempo que pusieron en marcha una ley «mas dura» y actualmente en ningún centro público se fuma. La economía y el paro no se han resentido por ello y la población y los políticos de la oposición lo aceptan sin intentar dinamitar su aplicación.
¿Para cuándo una ley que no permita interpretaciones?
Maximiliano Diego.
Pubicado en «El Adelanto», 7 Marzo 2009
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