Desde el día 1 de septiembre los inmigrantes no regularizados y los mayores de 26 años no beneficiarios o asegurados con rentas mayores de 100.000 euros, se han quedado sin tarjeta sanitaria. Para ellos la asistencia sanitaria deja de ser universal y gratuita, derecho reconocido en la declaración universal de los derechos humanos y en el artículo 43 de la Constitución Española.
Esto supone un paso regresivo en nuestro sistema sanitario que se consiguió tras muchos esfuerzos. La asistencia sanitaria vuelve a unirse a la cotización mediante un RD-Ley inmaduro, precipitado y sin opción a debate por el resto de partidos políticos.
La ministra Mato afirma que no se negará la asistencia a los inmigrantes no regularizados, pero tendrán que pagar por ella. El director general de la cartera básica de salud dice que los sin papeles crónicos serán atendidos, pero se pasará la factura a sus países de origen ¿a que países? ¿y si no hay convenio?
Existe una contradicción e incongruencia absoluta: no se puede excluir a determinados colectivos y afirmar que se garantiza la universalidad del sistema, no es posible ahorrar y dar la misma asistencia.
Por otro lado, la financiación sanitaria se realiza a cargo de fondos públicos, a través de una serie de impuestos que gravan el consumo en las comunidades autónomas: IVA, impuesto de matriculación de vehículos, impuesto sobre consumo eléctrico, céntimo sanitario etc. Los inmigrantes no regularizados realizan la misma aportación económica que el resto de los ciudadanos para mantener la sanidad pública, porque estos impuestos les gravan de igual manera.
Señora ministra, se rectifica el RD-Ley rescatando como beneficiarios a los mayores de 26 años, ahora va a ser preciso rectificarlo para incluir a los colectivos a los que se les retira la tarjeta sanitaria. Partiendo del hecho de que tanta corrección y excepción a una ley, indica que es una normativa innecesaria ¿no sería mejor dejar la condición de asegurado y beneficiario como estaba?
Pilar García. El Adelanto 2 septiembre 2012