El sistema sanitario público español atraviesa numerosos problemas debido a los recortes presupuestarios que han colocado a los pacientes y al personal sanitario ante la necesidad de afrontar situaciones difíciles y tomar decisiones condicionadas por el gasto. No obstante hay que señalar que con la crisis y recortes actuales, y también sin ellos, la asistencia sanitaria es cada día más cara en base al elevado precio de las nuevas tecnologías y de los nuevos medicamentos, lo que constituye un serio problema de sostenibilidad del sistema sanitario público.
Este papel “gestor” de los profesionales, y especialmente de los médicos, que son quienes con sus decisiones generan la mayor parte del gasto, ha sido asumido en diferente medida por los profesionales, lo que determina que existan pacientes que se ven afectados también en distinta medida en función de la actitud del propio profesional. Las posibilidades de un médico de adoptar decisiones en cada caso concreto son muy amplias, la variabilidad de la práctica clínica está muy extendida y los protocolos y guías de práctica clínica, que se postulan como una posible solución a este problema, no contribuyen a su resolución puesto que su aplicación real en la práctica clínica diaria está condicionada por la actitud del propio facultativo según este dispuesto a asumir en mayor o menor medida su papel de gestor de recursos públicos.
Esto significa que, a la hora de realizar determinados procedimientos diagnósticos o prescribir determinados tratamientos la actitud final del profesional puede variar considerablemente y, mientras que algunos profesionales tienen presente el coste de sus decisiones, otros obvian este aspecto, lo que conduce a desigualdades en la atención a los pacientes y que un paciente pueda recibir una atención diferente según quien sea el médico, o el servicio clínico, responsable de su tratamiento.
Tomar decisiones que limitan el uso de una tecnología cara, cuando se puede realizar el diagnóstico con medios menos costosos, o prescribir tratamientos menos gravosos para el sistema sanitario, siempre que se garantice la calidad de la atención al paciente, debería ser una práctica de responsabilidad profesional, pero debido a numerosos factores, entre los que se pueden citar la atracción que producen las nuevas tecnologías, intereses comerciales de las empresas, la presión de los pacientes sobre los médicos o la practica de una medicina defensiva, contribuyen a encarecer la asistencia sanitaria y a disminuir la eficiencia de la misma, pero este no es solo un problema que debemos afrontar los médicos, es también un problema que deben afrontar los responsables de la gestión del sistema y sobre todo los responsables de administrar los recursos públicos, es decir los políticos.
El crecimiento ilimitado del gasto sanitario pone en riesgo el sistema sanitario público y la administración sanitaria (políticos y gestores) no se pueden esconder detrás de los facultativos para limitar el gasto, son ellos quienes tienen que tomar decisiones acerca de cuales son las prioridades a la hora de financiar procedimientos diagnósticos y tratamientos, y además son ellos quienes tienen que explicar a la población las decisiones que tomen al respecto. Cuando dichas decisiones se tomen desde una perspectiva inequívoca de defensa del sistema sanitario público, con asesoramiento de todos los implicados (profesionales y pacientes) y garantizando la equidad para los pacientes, se habrá avanzado notablemente en el sostenimiento del sistema. Mientras prefieran eludir sus responsabilidades y escurrir el bulto detrás de los profesionales implantando medidas de gestión ineficaces, no habremos avanzado nada y el sistema sanitario seguirá en riesgo por el crecimiento ilimitado del gasto, lo que conducirá a la pauperización del sistema público y al crecimiento del privado, como se viene produciendo en España en los últimos diez años.
Posiblemente explicar cual es la realidad del sistema y las medidas necesarias para su mantenimiento sea impopular y tenga un coste político, y por ello nadie quiere poner el cascabel al gato, pero es la única solución posible. Es preciso un gran pacto de estado que garantice la viabilidad del sistema sanitario público, aunque tal y como está el patio que recuerda el de Monipodio, no parece que sea algo que esté al alcance de nuestros políticos. Mientras tanto el sistema continuará siendo ineficaz, ineficiente y la equidad seguirá estando ausente. De derrota en derrota hasta la liquidación del sistema, que no olvidemos es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, sino el mejor.
Fdo. Dr. Miguel Barrueco Ferrero
ADSP de Salamanca
octubre 2016 SD