El sistema sanitario español representa uno de los mayores logros sociales del siglo que concluye. Se caracteriza por ser gratuito en el momento de uso y prestar atención universal e igualitaria a todos los ciudadanos. Su nivel de calidad es comparable al del resto de países de la Unión Europea y su coste es inferior. La aprobación de la Ley General de Sanidad y la reforma de la atención primaria parecía iban a consolidar definitivamente el modelo; sin embargo desde hace unos años se ha introducido la duda de su viabilidad. Se insiste en la crisis del modelo, se nos dice que el gasto es excesivo y que la población se encuentra insatisfecha y con la disculpa de su modernización, se introducen normas y medidas encaminadas a privatizarlo.
Las razones de la crisis, no solo del caso español, son varias: el gran desarrollo que han adquirido los sistemas sanitarios; los costes económicos, con un crecimiento continuo debido al envejecimiento de la población, el aumento de las demandas y la aparición de nuevas tecnologías; y por fin, la incapacidad para responder a las expectativas de los ciudadanos. Será necesario extraer los mayores rendimientos de los recursos disponibles, racionalizar el gasto y favorecer la libre elección del ciudadano y su participación activa en las decisiones que se adopten en política sanitaria, pero todo ello es posible sin renunciar a las premisas que definen a nuestro sistema.
Sin embargo, las cosas van por otros caminos: montados en la ola del neoliberalismo, que sacraliza el individuo y el mercado, y aprovechando las puertas abiertas por sus antecesores en el gobierno, los actuales dirigentes del PP y sus aliados conservadores están dirigiendo el mayor ataque sufrido por nuestro sistema sanitario público. Detrás de ellos están poderosos grupos, españoles y extranjeros, del sector de aseguramiento y de las industrias de suministros, que han visto que la sanidad puede ser un gran negocio. Los ataques son confusos y en diferentes sentidos, pueden adoptar la forma de introducir medidas de copago o tasas por servicio, de limitación de las prestaciones o de gestión privada de hospitales (caso de Alcira) o servicios determinados. Se trata de allanar el camino a la privatización; el problema es que dicha privatización traerá consigo desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios, y ello sin que nadie haya podido demostrar que de esa forma se ahorran gastos y se mejora la calidad; muy al contrario, sistemas privados como el americano o mixtos como el francés, han demostrado justo lo contrario.
Aurelio Fuertes Martín El Adelanto 17 Enero 1998