Asociación para la defensa de la sanidad pública

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Es de todos conocido el hecho de que las sociedades democráticas, establecen, con irrenunciable compromiso de los Estados, el proporcionar a cada persona determinados servicios, tratando de que su cumplimiento no esté ligado a la consecución de fines estrictamente economicistas. Desde este posicionamiento, emerge la función pública y dentro de sus distintas prestaciones, la de proporcionar al ciudadano una sanidad universal y gratuita.

 Es verdad que no siendo posible evadirse a la cuantificación de la actividad y evaluación de la misma, para calificarla de más o menos eficaz, parece coherente buscar su mejoramiento hasta conseguir ratios cada vez más positivos, que nos acerquen a la excelencia. En relación con ello, tal vez merezca la pena detenerse a reflexionar sobre un par de cuestiones cuando se contratan empresas externas con ánimo de lucro, para complementar la labor asistencial, sin negar la evidencia de que la Sanidad no puede quedarse al margen para su perfeccionamiento de los avances en la Sociedad del Conocimiento, especialmente los avances tecnológicos. La más importante cuestión, desde el punto de vista del profesional de la Sanidad es, si la aparente inocuidad o efecto neutro de la intromisión de la gestión privada en campos no específicamente relacionados con la sanación de los usuarios, es realmente así. Si el hecho de que el personal sanitario pierda determinados controles porque se consideran ajenos a su específica tarea no empeorará la asistencia. Si es importante o no, el que la valoración puntual o inmediata de las prestaciones contratadas escape a la responsabilidad del personal sanitario y tal valoración la haga exclusivamente el empresario privado, que lógicamente, primará la reducción de los costes sobre la calidad. Después habría que preguntarse si repetidas prestaciones, no podría proporcionarlas el sistema estatal con mejor índice de efectividad y eficacia, incluido su menor coste, soslayándose así, además, la grave amenaza de la pendiente resbaladiza que llevaría imparablemente a la privatización de mayores espacios del Sistema, hasta su práctica desaparición, aunque se «vendiera» propagandísticamente como un avance hacia una «sanidad supermoderna».

Clara Argüello. El Adelanto 4 Febrero 2012

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