Vaya por delante la afirmación de que tenemos el sistema sanitario más eficiente del mundo y que no es el culpable en absoluto del déficit público. De hecho es imposible un sistema más barato y con la misma calidad que este.
La ofensiva neoconservadora quiere acabar con muchas cosas públicas, independientemente de que sean buenas o malas, caras o baratas, y en el caso del sistema sanitario lo que se plantea es desmontarlo progresivamente para transferir el negocio sanitario al sector privado (al fin y al cabo es el único sector socializado en una economía de mercado).
Plantear medidas como que los españoles con rentas más altas paguen por su uso atenta contra la sostenibilidad del sistema. Se plantea como una medida progresiva y hasta progresista, que puede ser aplaudida por las personas con rentas más bajas, pero lo que de verdad esconde es la descapitalización del sistema público. Se hace pagar a los ciudadanos con más recursos (que ya sostienen el sistema con sus impuestos) y en el futuro se les permitirá la desgravación fiscal por usar servicios privados, detrayendo dinero público para aseguradoras privadas, con lo que al final habrá dos tipos de asistencia: una para ricos, privada, y otra para pobres, pública.
El sistema español es barato y sostenible. El porcentaje del PIB que España dedicó a sanidad en 2011 es del 8,4% (6% gasto público y 2,4% privado), el de Francia es del 11,9%, el de Alemania del 11,6% y la media europea del 9,6%. EE.UU gastó ese mismo año el 17,9% de su PIB (dejando sin sanidad a 50 millones de americanos).
Es barato porque sus trabajadores cobran sueldos inferiores a los de otros sectores menos cualificados y muy inferiores a los de sus homólogos europeos, y a pesar de ello cuenta con la identificación de la mayoría con el mismo, ya que un alto porcentaje solo trabajan en el sistema público y no conciben otra posibilidad. Tampoco es cierto que los pacientes abusen porque sea gratuito, la gran mayoría lo usa con responsabilidad. La responsabilidad de trabajadores y pacientes contribuye a su sostenibilidad, y aunque su gestión sea mejorable, no se deben cuestionar sus bases: público (incluida su gestión), gratuito y universal.
Miguel Barrueco. El Adelanto 13 Mayo 2012