SANIDAD EN LA CRÓNICA

Grave riesgo para la salud

Los recortes en el gasto sanitario público impuestos a nuestro gobierno por la presión de los mercados y de los poderes financieros, están afectando gravemente a la calidad y al acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La respuesta del gobierno ante la crisis económica ha consistido fundamentalmente en disminuir la oferta (recortes), intentar disminuir la demanda (copagos) y avanzar, cuanto ha podido, en la senda de la privatización. De esta forma pretenden seguir dócilmente las directrices de la troika y año tras año reducir el porcentaje del PIB dedicado a sanidad pública.
El gasto público en salud en España era en 2010 un 6,5% del PIB, en 2015 será el 5,1%, según fuentes de INE y Ministerios de Economía y Competitividad y Hacienda y AA PP. Un 1% del PIB representa 11.000 millones de euros, así pues en 2015 el gasto sanitario público será 15.400 millones de euros menos que en 2010. Y para 2016 se prevé otro recorte de 1.065 millones más por imposición de Bruselas. Si además tenemos en cuenta que en nuestro país se está produciendo un rápido y continuo envejecimiento de la población, de forma que cada vez vivimos más años y con más enfermedades, es fácil deducir que esta reducción del gasto sanitario hará inviable el mantener unos mínimos de efectividad y calidad y tendrá consecuencias negativas sobre la salud de los ciudadanos, principalmente sobre los más desfavorecidos que no podrán contratar pólizas de seguros privados para complementar las deficiencias de la sanidad pública.
Si no queremos que nuestra sanidad pública siga deteriorándose y traspase ciertos límites que hagan imposible su recuperación, deben tomarse medidas que mejoren su eficiencia (utilización racional de tecnologías y de medicamentos, implementar estrategias de atención al paciente crónico, etc.), desinvirtiendo en lo inútil, inseguro, inefectivo o insensato.
Es preciso derogar el famoso real decreto 16/2012, cínicamente llamado “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, que con la única pretensión de ahorrar, atacó directamente a la esencia misma del sistema, generalizando los copagos y poniendo fin a la universalidad de la asistencia.
Puesto que la demanda asistencial se está incrementando y se calcula que crecerá entre un 10% y un 15% en los próximos 15 años, no se puede seguir recortando, sino que deberán aumentarse los recursos, que sí, son limitados, pero es cuestión de prioridades.
Si de verdad para nuestros políticos es una prioridad mantener una sanidad pública universal, de calidad y gratuita, como no se cansan de repetir, se debe mantener un gasto sanitario público suficiente, de forma que la crisis económica no ponga en grave peligro la salud de los ciudadanos.

José Luis Garavís  (ADSP de Salamanca) También en La Crónica de Salamanca 

30 noviembre, 2014

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