En nuestro país, tradicionalmente, la actividad funcionarial, estatutaria, así denominada porque quien remunera dicha actividad, directamente o por delegación, es el Estado, ha tenido y sigue teniendo como más emblemática característica la de la seguridad en el empleo. Salvada la dificultad para la consecución de la «plaza», después, la posibilidad de la conservación del puesto es muy alta. La idea, casi la convicción, de que esta circunstancia no redunda positivamente en la formación continuada de estos trabajadores, se ha generalizado y es asumida por muchos de los profesionales y genera que se haga una valoración poco favorable en cuanto a la evolución y al rendimiento profesional de los mismos. Sin embargo, esto cada día, queda más alejado de la realidad, será el desarrollo de la carrera profesional la que llevará consigo fomentar la investigación, la formación, la docencia, señalando el camino hacia la excelencia. Es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias la que recoge la formación continuada como un derecho y una obligación para el profesional.
El compromiso de los profesionales que componen los equipos multidisciplinares del Sistema Nacional de Salud y que hacen frente a la actividad diaria, está cada vez más orientado, hacia una formación basada en las competencias profesionales, donde prima el factor humano, donde cada profesional aporta sus mejores cualidades, una formación que «nos capacite de forma efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada» (Organización Internacional del Trabajo). Una formación que nos haga dar el salto del arte ( «el arte de curar» ) a la ciencia, en la que va a ser preciso medir, contar, comparar, y evaluar resultados. Esta formación basada en competencias, es una necesidad para llevar a cabo un trabajo, que garantice la calidad y la eficiencia, con unos resultados positivos en el coste final del producto. Salud. Por la cual apostamos todos/as.