Desde hace un par de años nuestros políticos hablan de la necesidad de mejorar la atención a la salud mental, pero sus palabras no conllevan actuaciones eficaces en la vida real. En el manifiesto que se leyó en la Marea blanca del 7 de mayo en Salamanca uno de los puntos que se reclamaban era la petición de “refuerzo de los servicios de salud mental, “y, sobre todo, que los Equipos de Salud Mental “volvieran a ubicarse “ en los Centros de Salud para mejorar su accesibilidad tanto para pacientes como para médicos de Atención Primaria, lo que evidentemente, redundaría en una asistencia mejor y más coordinada.
Unos días antes, en los periódicos locales, se publicó una denuncia por parte de UGT sobre las listas de espera en los Equipos de Salud Mental y el atentado que se estaba produciendo contra el principio de continuidad terapéutica (Ley de Sanidad), ya que se daba el caso de pacientes, que en el tratamiento de su proceso, habían sido atendidos por “cuatro o cinco psiquiatras” diferentes (La Crónica de Salamanca 26 de abril de 2023). Ante esta situación el sindicato reclamaba a la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca que “se adopten las medidas necesarias para poner fin a este descontrol”.
La resolución de estas demandas se lograría con acciones meramente organizativas, pero no conocemos que haya habido ningún cambio, ni ninguna promesa ni respuesta pública a las mismas por parte de la GerenciaEs habitual que las instituciones y sus gestores hagan caso omiso- no se sabe si por ignorancia, pereza o pasividad- a las peticiones de la población, actitud que conduce en primer lugar al deterioro de la sanidad pública, la excusa necesaria para privatizar el sistema público de salud por mal funcionamiento.
En segundo lugar, también tiene otra consecuencia ante la que debemos permanecer alerta: que ante la ineficacia de nuestra reivindicaciones nos acabemos “deprimiendo” y abandonemos todo tipo de acción. Cuidado con caer en esta trampa.
Esperanza González Marín