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Han pasado más de 20 años desde la regulación de la interrupción del embarazo en nuestro país y las cosas no parecen haberse arreglado. Más bien todo recuerda las campañas de las mujeres que en los años 80 salíamos a la calle pidiendo la despenalización del aborto. Entonces abortar era un delito y había que ir a Francia o Inglaterra para realizar la intervención.
Después vino la Ley 9/85 que regulaba la despenalización en determinados supuestos. Pero ya entonces las voces del movimiento feminista señalamos que la medida era a todas luces insuficiente. La realidad no ha hecho más que confirmar un problema latente.
Ahora parece que se ha creado el caldo de cultivo propicio para sacar el tema. Los grupos más conservadores de nuestra sociedad han vuelto a la carga para perseguir a las mujeres que reivindican el derecho a decidir sobre su vida y sobre su futuro. Hay una extraña coincidencia entre la manifestación de los obispos en pro de la familia cristiana y las citaciones a 25 mujeres que abortaron el año pasado.
La Sanidad no ha abordado el asunto como un tema de salud pública y se sigue optando por buscar soluciones a un problema de cada mujer. La cifra de abortos practicados en hospitales públicos es ínfima, no llega al 3%. La mayoría de las comunidades, entre ellas la nuestra, no ha resuelto la objeción de conciencia de muchos profesionales. Un gran número de especialistas en Ginecología sigue pensando como su maestro el doctor Botella Llusía que la única función de la mujer es ser madre.
Por otro lado, es alarmante el número de mujeres jóvenes que opta por la interrupción del embarazo como método anticonceptivo. Las mujeres no queremos abortar y si lo hacemos es por una razón bien sencilla porque nos quedamos embarazadas sin desearlo.
Un Gobierno que se define de izquierdas y con tintes feministas no puede mirar para otro lado ante un tema de gravísimas consecuencias para las mujeres.

María Teresa Muñoz. El Adelanto 19 Enero 2008

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