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En junio de 1991 se dio a conocer el informe de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud (SNS), más conocida como Comisión Abril. Aquella Comisión surgió porque, al parecer, el Sistema era económicamente insostenible, y aunque su informe no llegó al debate parlamentario, sus propuestas de actuación han sido el mapa que ha guiado todos los intentos de privatización de la Sanidad en España.

Es interesante señalar que la Comisión empezó sus trabajos solo cuatro años después de la creación del SNS (la Ley General de Sanidad es de 1986). Conviene recordar, para entender la temprana embestida, que cuando esta ley se promulgó como un punto decisivo en la creación del Estado del Bienestar en España, éste ya estaba de retirada en Europa debido a la revolución conservadora de Thatcher y Reagan.

La Comisión Abril cuestionaba un Sistema que se proponía como equitativo para toda la población, gratuito en el momento de uso, accesible, eficiente y de calidad y, además, redistributivo: los más ricos apoyarían a los más pobres y los sanos, a los enfermos; a cambio, pretendía introducir mecanismos de mercado que hicieran posible la privatización de, al menos, parte del sistema sanitario público, su disculpa era que, «por ley natural», lo privado es más eficiente que lo público.

Treinta años después del Informe Abril, el SNS se sostiene y ha aguantado –eso sí, a duras penas– el tremendo test de esfuerzo que ha supuesto la pandemia. Al principio de ésta, toda la ciudadanía y también todos los políticos mostraron con aplausos su apoyo decidido a la Sanidad pública, pero ahora es necesario demostrarlo en todos los escenarios, porque la apuesta por su privatización, al menos por parcelas, no cesa y es cada vez más intensa.

Para que el Sistema se mantenga es preciso reforzarlo. La LGS ya nació con alguna debilidad, como la falta de concreción de la relación del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, y la falta de coordinación entre ambos ha sido definitiva en la fallida gestión de la pandemia. El pobre desarrollo que ha tenido la Salud Pública también ha lastrado el curso de la crisis. La asistencia sanitaria se ha debilitado en este tiempo de forma ostensible, sobre todo porque venía ya deteriorada con escandalosos e inconcebibles recortes en personal. El retraso en la atención a patologías no-Covid y la ausencia de presencialidad en los centros de salud durante este periodo han dejado más tocado al Sistema, hay más listas de espera y más descontento de la población.

Otra Comisión creada en el Parlamento después de la primera ola de la pandemia, el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública, hacía alusión a éstas y otras necesidades de reforma del Sistema, pero nada se ha movido desde entonces. El informe que elaboraron, por una vez con el consenso de todos los grupos políticos, debe seguir en el cajón de documentos a olvidar del Congreso de los Diputados; sin embargo, es absolutamente necesario y, además, urgente poner en marcha medidas que reactiven y refuercen el SNS para que siga siendo sostenible.

Aurelio Fuertes

Publicado en Salud a Diario

 

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