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Una característica básica de nuestro sistema sanitario, definido en la Ley General de Sanidad de 1986, es que la financiación principal del mismo (el 94,07 % del total) se lleva a cabo de forma solidaria a través de los presupuestos generales del Estado, siendo gratuito en el momento de su uso. Es verdad que existía una excepción y era el copago farmacéutico para los laboralmente activos. El problema se inició con el Real Decreto-Ley 16/2012, que establece entre otras medidas el copago o repago (ya pagamos con los impuestos) también para los pensionistas, incrementa el ya existente para los activos y además introduce copagos en otras prestaciones (ambulancias, prótesis, terapias de apoyo nutricional…).

Casi un año después de esta medida merece la pena hacer algunas reflexiones al respecto. Ya entonces apuntamos lo injusto de la misma, ya que hacía recaer el coste sanitario sobre los más débiles: los más mayores y los más pobres, que son los que más enferman. Las repercusiones no las conocemos aún con detalle, pero hay encuestas, entre ellas una de la FADSP, que demuestran que los pensionistas han reducido la adquisición de medicamentos en un 12,4 a un 16,8%. Estos fármacos los había recetado su médico y los pacientes han decidido no comprarlos sin criterio sobre la autentica necesidad de los mismos (es fácil que suspendan fármacos para enfermedades que cursan de forma asintomática, pero que pueden ser fatales como la hipertensión). En el pasado año un artículo de la prestigiosa revista PLoS ONE demuestra que los copagos en farmacia disminuyen la adherencia a la medicación, es decir la toma adecuada de la prescrita, hasta en un 11%. Se argumentó que la medida era disuasoria, no recaudatoria, pero en tal caso habría que disuadir a los médicos que recetan o al sistema que favorece el que se haga un uso no racional del medicamento. Si se pretendía ahorrar, se logró en los primeros meses tras la medida, pero después el gasto sanitario ha vuelto a incrementarse (4,84 % en noviembre de 2013 respecto a 2012).
No conforme con ello, el Ministerio pretende introducir un copago en fármacos que se administran solamente en los hospitales para uso ambulatorio, entre ellos fármacos para la hepatitis crónica, la artritis reumatoide o algunos tipos de tumores. Sería un 10% del coste, con un tope de 4,20 euros. Nuevamente la medida va dirigida a los más enfermos y añade un problema, el coste que supondría poner en las farmacias hospitalarias un sistema de venta al exterior. En este caso la medida no se ha puesto en práctica por la negativa de la mayoría de las CCAA, entre ellas algunas gobernadas por el PP, como ha ocurrido con la Castilla y León.
En cuanto al copago de ambulancias y otras prestaciones, el Ministerio se ha aprestado a retirarlo después del varapalo del Consejo de Estado, que estimaba que la medida podría ser disuasoria para quién realmente necesita estas prestaciones y que no había garantías de que pueda suponer un ahorro, por el sobrecoste de los controles administrativos.
La OMS se pronunció al respecto de los copagos en 2003: “Hay que abolir las barreras a la asistencia médica, cualquier tasa por pequeña que sea tiene un efecto negativo sobre la salud de los sectores socialmente más desfavorecidos”. El copago ha sido una medida utilizada en diferentes sistemas sanitarios, como medida recaudatoria o como medida disuasoria, y desde hace tiempo es conocido que cualquier copago reduce el uso “inadecuado o innecesario” de los servicios sanitarios o de los fármacos, pero también aquellos que son “apropiados o necesarios” y así lo demostró el estudio de la Health Insurance Experiment, financiado por la Corporación Rand en 1992. Además el supuesto ahorro puede producir un efecto rebote a más largo plazo y el gasto sanitario puede elevarse por tener el sistema que tratar a aquellos pacientes que han abandonado su medicación porque pagarla les suponía un esfuerzo excesivo y han empeorado o su proceso se ha complicado y precisa ingreso hospitalario cuando no cuidados de dependencia, vale el ejemplo de la hipertensión y sus complicaciones de infarto o ictus. (Sinnott S-J PLoS ONE. 2013).
La gravedad de lo que está pasando nos obliga a solicitar del Ministerio la marcha atrás en todas las propuestas de copagos, como lo ha hecho en un capítulo particular a instancias del Consejo de Estado y por las mismas razones allí expuestas, lo injusto de estas medidas y su ineficacia. La incompetencia de la Ministra y el grave daño que está provocando al sistema de salud hace poco presentable que a estas alturas siga ocupando tan importante cargo.

Aurelio Fuertes 28 febrero 2014 También en

www.saludadiario.es

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