En estos días, la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha hecho llegar a las Gerencias provinciales unas instrucciones para proceder a la contratación de médicos sin formación MIR. Se fundamenta en que la norma europea, que obliga a que los médicos que trabajan para el sistema público deban contar con un mínimo de tres años de formación postgrado, recoge la posibilidad «excepcional» de contratar para esta tarea a médicos sin ese requisito.
La excepcionalidad no es tal. Esta situación ha sido denunciada por la ADSP y las sociedades científicas desde hace más de 20 años. Cuando tuvo lugar la gran incorporación de médicos de Familia al sistema público de salud en las décadas de los 80-90, coincidiendo con la puesta en marcha del modelo de Atención Primaria en España, éstos tenían edades comprendidas entre los 30-35 años, y por delante una vida laboral también de 30-35 años. Ahora les está llegando el momento de su jubilación. Así de previsible era todo.
La Consejería argumenta que no hay suficientes médicos de Familia para las necesidades asistenciales de Castilla y León. Si la Consejería de Sanidad hubiera diseñado adecuadamente el mapa sanitario, si hubiera descargado sólo a los médicos de tareas burocráticas y puesto a su alcance los medios tecnológicos y organizativos adecuados, si no hubiera favorecido que los residentes de Medicina de Familia que terminaban la especialidad en la Comunidad autónoma de Castilla y León se vieran obligados a irse por las pésimas condiciones de trabajo que se les ofrecían, seguramente ahora no estaríamos en esta situación.
Pero en estos años no se ha realizado una reconversión de las plazas, ni la revisión de las zonas de salud para ajustarlas a las nuevas circunstancias demográficas. La Consejería ha hecho dejación de funciones al no adecuar la organización asistencial a las necesidades de la población, de forma que directamente, con su incompetencia, favorece el abandono de los pueblos al crear dificultades a la población para vivir en ellos.
La instrucción que aquí criticamos es, seguramente, una medida de propaganda en un intento de callar a la comunidad rural, y sin tener en cuenta que sus habitantes saben perfectamente que no necesitan cualquier médico, sino un médico bien formado que les atienda adecuadamente. La ADSP quiere también llamar la atención sobre el hecho de que, en muchas ocasiones, no es sólo un médico lo que se precisa, sino una organización que posibilite la vida en las zonas rurales. Y esta tarea compete a todo el Gobierno autonómico y diputaciones.
El Ministerio de Sanidad ha tenido tiempo en estos años para realizar un estudio de las necesidades de profesionales en toda España y adecuar así el número de las plazas MIR convocadas.
La información dada a conocer por el consejero de Sanidad través de los medios de comunicación el día 30 de enero de 2019 diciendo que se suspendía la instrucción emitida y que se ofrecería a los residentes de Medicina de Familia que terminan este año un contrato de tres años es insuficiente. Estas declaraciones precisan ser confirmadas por escrito, así como crear las condiciones para el regreso de los médicos de Familia que terminaron en años anteriores y trabajar para organizar adecuadamente la Atención Primaria en esta Comunidad.
ADSP Salamanca.