Paseando por los campos de regadío de Portillo, vengo observando que el cultivo del maíz ha ido creciendo hasta convertirse prácticamente en monocultivo. El maíz se vuelve a plantar año tras año en las mismas parcelas, sin respetar las rotaciones de antaño que evitaban esquilmar la tierra y cronificar epidemias o enfermedades en las plantas. ¿Será transgénico, o estará tratado con herbicidas y con fertilizantes químicos? Porque parece que las grandes compañías de fitoquímicos, transgénicos y fertilizantes ya se han instalado en los ámbitos de decisión y planificación de las políticas agroalimentarias europeas.
Tengo que preguntarlo; mis gallinas camperas comen mazorcas de ese maíz, y yo sus ricos huevos.
En Europa, y por ende en España, sólo está autorizada una sola variedad de maíz genéticamente modificado: el MON 810 (Monsanto), y afortunadamente parece que en Castilla y León se planta poco, y en nuestra zona no trabajan con transgénicos (sí con híbridos) aunque en efecto, no se respetan a veces las rotaciones de los cuatro cultivos que deben hacer por norma.
Tras debatirse el asunto de los transgénicos en comisión del parlamento europeo durante cuatro años, quedaron dos bloques enfrentados: España y Reino Unido a favor, y Alemania y Francia en contra. Hace un año se aprobó salomónicamente la directiva comunitaria sobre estos cultivos. Al no ponerse de acuerdo, la directiva permite a los Estados que, a su criterio, los prohíban o los admitan o incluso amplíen este tipo de cultivos. ¿Algo que objetar? Monsanto sí; su representante en Europa (español por cierto) se ha manifestado sin pudor en contra de que algún Estado pueda prohibir las autorizaciones para nuevos cultivos modificados, y subraya que “es un precedente peligroso porque socava el mercado único”. Toda una declaración de intenciones. ¡El mercado como principio y último fin, por encima de Estados soberanos, de la salud, de la ética!
Ojo pues a este invento promovido por el consorcio de las grandes multinacionales para proteger sus intereses económicos. Pretenden crear un ente supranacional con poder normativo y con un tribunal de arbitraje propio que pueda incluso poner sanciones a los Estados soberanos que incumplan sus leyes.
Todo mi apoyo para la Asociación Europea de Salud Pública, que agrupa a 71 organizaciones de SP de 41 países, y que ha pedido a la Unión Europea en un manifiesto conjunto que se ponga la salud por delante del beneficio económico y se rechace la TTIP.
José Mª Casado. ADSP Salamanca .Feb 2016