No es la solución de los cuantiosos problemas que tiene la sanidad pública, un sistema en proceso de deterioro profundo que nadie parece querer abordar seriamente.
O, de modo más preciso: no es la única solución.
Pero aplicar la incompatibilidad absoluta para el ejercicio privado a los facultativos del SNS sería un ejercicio de responsabilidad por parte de administración del Estado, un serio factor de mejora en el sistema público de salud, además de un gesto ético y estético.
El triunfante gobierno socialista de 1982 no se atrevió a aplicar una incompatibilidad rigurosa a los médicos del SNS (por entonces, INSALUD), y publicó una ley de incompatibilidades laxa para los médicos, eximiéndoles en gran medida de la dureza de la incompatibilidad aplicada al resto de funcionarios del estado.
Sé que postular esta incompatibilidad no es popular en el mundo sanitario, o en gran parte de él, y en absoluto se trata de perjudicar intereses particulares de profesionales, se trata de beneficiar los intereses colectivos.
Pocas empresas poderosas y altamente especializadas, por no decir ninguna, forman a sus técnicos más cualificados para que posteriormente ejerzan privadamente en competencia con sus intereses.
El ejercicio privado nadie lo cuestiona, es más, es saludable. Es beneficioso para profesionales y sociedad, supone un estímulo laboral, un incremento de la competitividad, abre nuevas expectativas, crea puestos de trabajo…
Lo que se cuestiona es el trabajo simultáneo en la sanidad pública y la privada. Este hecho supone de forma innata un conflicto de intereses. Supone cuestionarse que la formación y capacidades adquiridas y mantenidas en el sistema sanitario público sean rentabilizadas de forma privada. Supone servir simultáneamente a dos intereses distintos y discordantes. Supone un conflicto ético, pues no es ningún secreto que la actividad médica privada se incrementa cuando las disfunciones en la sanidad pública crecen. Y es también un conflicto estético, de apariencia formal, de aquella vieja reflexión de ser, y además parecer.
En resumen, exigir esta incompatibilidad es tan solo ser coherente con el principio legal vigente: la dedicación a un solo puesto del personal de las administraciones públicas, no comprometer la imparcialidad o independencia de los funcionarios, y exigir a los servidores públicos un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos.
Pero incluso con la actual ley de incompatibilidades, las administraciones sanitarias no tienen gran interés en su seguimiento y aplicación estricta.
Si bien, como se dijo, las incompatibilidades en el sector sanitario son más laxas que para el resto de funcionarios, su aplicación rigurosa dificultaría o imposibilitaría la existencia de práctica privada de facultativos hospitalarios en provincias pequeñas, donde la provincia coincida con el Área de Salud.
Pero claro, doctores tiene la iglesia, y en estos casos, donde están en juego intereses económicos y en un ámbito de poder corporativo importante, habrá doctores dispuestos a retorcer la norma hasta adaptarla a sus intereses.
Por todo ello, si la población, la ciudadanía como muchos gustan de decir, no demanda una incompatibilidad total entre práctica pública y privada en el SNS, poco se podrá hacer en este sentido. Los poderes públicos, tanto el ejecutivo –los gestores- como el legislativo –los políticos- no están en absoluto preocupados por ese asunto, a pesar de la descomposición del SNS.
Como siempre, los estados de opinión de los ciudadanos son los que acaban creando las normas legales. Si no existe esa preocupación sobre un aspecto concreto, difícilmente cambiará.
Miguel González Hierro