Sigue habiendo mucho que decir de Palestina, a pesar de su práctica desaparición del espacio mediático actual. Desde el anuncio del supuesto alto el fuego el 11 de octubre de 2025 y hasta el 8 de diciembre, 376 palestinos perdieron la vida, 981 resultaron heridos y 626 han sido rescatados de entre los escombros, según publica Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las principales Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (ONGI) que trabajan sobre el terreno.
En realidad, según Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos para Palestina, “no existe un alto al fuego real”; hablemos, pues, con rigor: se trata de un acuerdo. Durante el primer mes tras la entrada en vigor del acuerdo, según datos reportados por una veintena de expertos independientes de la ONU, Israel cometió al menos 393 violaciones del mismo. Los ataques, que incluyen bombardeos aéreos, disparos y artillería, han continuado a pesar del acuerdo, con episodios como el del 28 de octubre, considerada la noche más mortífera desde el inicio del acuerdo, con al menos 104 muertos.
Mientras tanto, la ayuda humanitaria sigue llegando muy por debajo de lo necesario: según fuentes independientes, entran poco más de un centenar de camiones diarios, cuando serían necesarios alrededor de 600 para cubrir las necesidades básicas de la población.
Una muy querida amiga mía está allí, en la ciudad de Gaza, desde noviembre del año pasado, trabajando con MSF y relatándome una realidad que hace que se me encoja el corazón. Sobre el terreno se siguen oyendo bombardeos y drones más allá de la línea amarilla; se siguen iluminando las noches por bengalas navales y disparos destinados a sembrar terror. Siguen muriendo niños de desnutrición e hipotermia, y las condiciones de vida son infrahumanas.
Grave restricción a la atención médica
Pero hay un hecho importantísimo que ha pasado de puntillas sobre el escenario mediático que bien merece un foco de atención. Desde el 1 de enero de 2026, el permiso de MSF y otras ONGI para trabajar en Gaza y Cisjordania ha expirado, y las autoridades israelíes han condicionado su renovación a la exigencia de que compartan información sensible sobre su personal local, a lo que MSF se ha negado por razones de seguridad y de independencia humanitaria.
Durante meses ha intentado mantener un diálogo con las autoridades israelíes y con sus propios trabajadores para encontrar una solución que permitiera seguir apoyando sobre el terreno al pueblo palestino, sin éxito. El resultado: el próximo 1 de marzo, todo el personal internacional deberá haber abandonado la FraEste hecho no solo supone una grave restricción del acceso a la atención médica esencial para su población, sino también la desaparición de testigos independientes sobre el terreno. La interrupción de las actividades de las ONGI constituye, además, una vulneración directa de la Resolución 2720 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige la entrega sin obstáculos de ayuda humanitaria a la población civil.
Suspendida casi toda la actividad presencial
Mi amiga y sus compañeros llevan semanas organizando contrarreloj la salida del personal internacional antes de finales de febrero, para que la calidad de su trabajo merme lo menos posible, manteniendo un apoyo remoto, pero nunca podrá ser lo mismo que el trabajo presencial directo que MSF lleva prestando en Palestina desde 1988.
Este reto se ha incrementado desde el 20 de enero, cuando, ante la presencia de hombres armados en el recinto del hospital Nasser, se han visto obligados a suspender casi toda su actividad presencial allí por motivos de seguridad. Más allá de los beneficios sanitarios directos, MSF ha sido también uno de los pocos empleadores con condiciones dignas durante estos años de genocidio, proporcionando sustento a centenares de familias gazatíes.
Ante esta realidad, la profesión médica no puede permitirse el silencio. Como sostiene Pablo Simón Lorda en su artículo publicado este verano en la revista AMF, titulado Ética médica y genocidio en Gaza, el ejercicio profesional sanitario implica obligaciones morales que van más allá de las que tenemos como ciudadanos, pues supone asumir el compromiso social de proteger la vida y aliviar el sufrimiento.
Debemos defender los derechos humanos, exigir el respeto al derecho internacional humanitario y denunciar cualquier situación que impida el acceso a una atención sanitaria básica. La devastación del sistema sanitario que se está perpetrando en Gaza no puede normalizarse ni silenciarse. Por eso, para quienes ejercemos la medicina, seguir hablando de Gaza no es una opción ideológica, sino una obligación moral: hablemos de Gaza.
Cristina Cabrera Brufau