Durante muchos años, el ejercicio de la medicina en el sistema sanitario público español se basó en dos premisas fundamentales: la vocación y la posibilidad de ejercer la medicina en un sistema en desarrollo que ofrecía medios diagnósticos y terapéuticos que no existían en la medicina privada.
A ello se sumó el compromiso ideológico con el sistema público de un número muy importante de los médicos cuando se creó el Sistema Nacional de Salud.
Hace años que ya no es así y existe un divorcio creciente entre una parte muy importante de las nuevas generaciones de médicos y el propio sistema. Ambas premisas permanecen, pero la vocación ya no sirve como disculpa de contención de los agravios laborales.
Muchos médicos han perdido la identificación con un sistema que consideran se sostiene sobre su explotación laboral, con condiciones de trabajo muy alejadas de las que serían razonables, y que constituyen ahora el grueso de las reivindicaciones que han dado lugar al actual conflicto que amenaza con una huelga intermitente e indefinida a partir del 16 de febrero.
A ello se suma la pérdida progresiva de autonomía profesional, sustituida por una creciente burocratización, por la presión de objetivos administrativos y por la imposición de tiempos asistenciales incompatibles con una práctica clínica de calidad, lo que genera frustración profesional y un profundo malestar ético.
Durante mucho tiempo, los médicos han estado huérfanos de una representación sindical efectiva. Los sindicatos de ¿clase? han privilegiado y privilegian las reivindicaciones de otros estamentos, en los que tienen afiliados, frente a las reivindicaciones de los médicos, a los que consideran privilegiados, y los sindicatos médicos tenían poca penetración en el colectivo médico. Estas circunstancias están cambiando, y prueba de ello es el conflicto actual que enfrenta a estos sindicatos con el Ministerio de Sanidad en la reclamación de un estatuto propio que recoja sus aspiraciones.
Representación sindical eficaz
Desde el punto de vista ideológico, es evidente que, aunque su ejercicio profesional se ha proletarizado, una parte muy importante de los médicos sigue teniendo una concepción del mismo sustentada en los principios del mal llamado ejercicio liberal, que ya no existe, y precisamente por ello no han sentido la necesidad de afiliarse a ningún sindicato y les cuesta participar en cualquier conflicto o huelga.
Es evidente que las cosas están cambiando, y tenemos en puertas un conflicto que puede ser muy serio y deteriorará más el ya maltrecho sistema sanitario público. Este deterioro no es fruto de una fatalidad inevitable, sino de decisiones políticas y de gestión mantenidas durante años: infrafinanciación crónica, planificación deficiente de los recursos humanos, uso estructural de la temporalidad y consideración de los médicos más como un coste a contener que como el principal activo del sistema.
Todo ello ha contribuido a crear un escenario de sobrecarga, precariedad y desafección que empuja a muchos médicos jóvenes a emigrar (más de 15.000 médicos españoles han emigrado al extranjero en los últimos diez años) o a refugiarse en la sanidad privada, comprometiendo la sostenibilidad presente y futura del sistema público.
Es preciso repensar el papel del médico y su papel en el sistema sanitario público, para el que la mayoría trabaja en exclusiva, dejando al margen prejuicios que impiden un debate serio y dificultan alcanzar acuerdos que refuercen al propio sistema. Es obvio que el SNS no se puede sostener sobre el malestar permanente de los facultativos que lo integran y, por tanto, algo deben tener que decir al respecto que los responsables políticos y gestores sanitarios deberían escuchar.
Reivindicaciones desatendidas durante años
Muchas de las reivindicaciones del actual conflicto están sobradamente fundadas como, por ejemplo, aumentar las plantillas para disminuir la sobrecarga de trabajo, lo que permitiría reducir las listas de espera y mejorar la calidad y seguridad asistencial; regular el horario y compensar mejor las guardias (acabar con las guardias de 24 horas), incluyendo su cómputo para las pensiones; establecer una jornada semanal de 35 horas (frente a las 45 horas que resultan en muchos casos del cómputo actual); mejorar los permisos, la conciliación y la regulación de los descansos.
Estas demandas han sido desatendidas durante muchos años y, precisamente por ello, se reclama un estatuto laboral específico que asegure unas condiciones que reconozcan adecuadamente su formación, nivel de especialización y responsabilidad.
Todas estas reivindicaciones son perfectamente razonables y sobradamente justificadas, y por ello negociables, pero, en mi opinión personal, junto a ellas existe alguna otra que lastra y deslegitima parcialmente el conflicto, como es la defensa cerrada de la compatibilidad del ejercicio profesional público y privado de los jefes de servicio, una reivindicación que no sienten como propia la mayoría de los médicos, más allá de las cúpulas sindicales.
Los riesgos de compatibilizar la medicina pública y privada
La incompatibilidad público-privada no solo debería aplicarse a los jefes de servicio, sino a todos los médicos y a todo el personal que trabaja en el sistema público. Esta incompatibilidad evitaría conflictos de intereses que tienen lugar con mucha frecuencia y que, generalmente, actúan en favor de los intereses privados y en contra de los públicos.
Existen dos razones fundamentales para reivindicar la dedicación exclusiva de todos los profesionales (no solo los médicos) que trabajan en la sanidad pública: evitar la parasitación del sistema público por el privado mediante derivaciones innecesarias y evitar que los bajos salarios de la sanidad privada se sostengan gracias al sueldo público de los profesionales que trabajan en ambos sistemas.
La sanidad privada paga remuneraciones inferiores a las que serían aceptables para un ejercicio exclusivo, aprovechándose de que los médicos ya tienen asegurado un salario público y utilizan el ejercicio privado como complemento. Una incompatibilidad absoluta obligaría a las empresas privadas a ofrecer condiciones salariales acordes con la responsabilidad y cualificación de los profesionales.
Defender condiciones dignas para los médicos no es, por tanto, una reivindicación corporativa ni un privilegio, sino una condición imprescindible para garantizar una sanidad pública de calidad, segura y sostenible. Sin profesionales reconocidos, protegidos y con capacidad real para ejercer una buena medicina, el sistema público difícilmente podrá mantener la función social que lo justifica.
Un último apunte al respecto: aunque las reivindicaciones están dirigidas al Ministerio de Sanidad por reivindicar un estatuto médico propio, no hay que olvidar que las condiciones laborales del ejercicio profesional dependen de las comunidades autónomas, que permanecen agazapadas como si el conflicto no fuera con ellas. Cada palo debe aguantar su vela.