En abril del próximo año se cumplirán cuarenta años de la promulgación de la Ley General de Sanidad (LGS) que ordenó el caos existente en la sanidad franquista creando el Sistema Nacional de Salud. Se apostó, entonces, por un modelo sanitario tipo Beveridge: universal (para todos los ciudadanos), gratuito en el momento de uso porque es financiado por los presupuestos generales del Estado y en el que los sanitarios son empleados públicos. Un sistema que además es equitativo, eficiente y de calidad. La Ley, sin embargo, fue una ley inacabada y con algunos aspectos confusos como el referido a las relaciones medicina pública – medicina privada (art. 66, 67 y 90).
Desde su promulgación, la LGS se constituyó en bandera del “estado de bienestar” en nuestro país, pero mientras esto ocurría Europa iniciaba el retroceso del mismo, consecuencia de la revolución neoconservadora de Margaret Thatcher. Así se entiende que solo unos años después se elaborase el Informe Abril que propiciaba, entre otras medidas, separar las competencias de financiación, compra y gestión y la introducción de “mercados” entre proveedores públicos y privados en el sistema sanitario. El Informe se quedó en eso, en informe, pero sus propuestas han tenido un largo recorrido.
Modelos para un sistema público-privado
La Ley15/97 abrió las puertas a nuevas formas de gestión de los servicios públicos, que podría llevarse a cabo mediante cualquier entidad admitida en derecho, creadas por personas públicas o privadas. Estas formas de gestión fueron explicitadas y detalladas más tarde, en el RD 29/2000. Entre los sistemas de colaboración público-privado (Public Private Partnership, PPP) destacan el conocido como Modelo Alzira (Concesión Administrativa), así llamado por su inicio en esa ciudad valenciana en 1999, y el modelo de financiación privada (Private Finance Iniciaive, PFI). Modelos diseñados, ensayados y fracasados previamente en el Reino Unido.
En el modelo Alzira, la propiedad, financiación (habitualmente pago por habitante del área cubierta al año) y el control son públicos, mientras que la prestación de servicios es privada. El hospital origen del nombre (revertido público por el gobierno de Ximo Puig) era gestionado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud.
El Hospital de Torrejón, en su inicio propiedad de la misma UTE, hoy pertenece, casi en su totalidad, a la multinacional francesa Vivanto Santé. Este hospital tiene una peculiaridad importante, y es que a él pueden acceder pacientes de toda la Comunidad, porque Madrid se constituyó en Área única en tiempos de Esperanza Aguirre, por lo que recibe, además, una asignación adicional por paciente asistido que no reside en la zona de proximidad, donde el pago es por ciudadano.
Gestión de servicios no clínicos y canon anual
En el modelo PFI, la empresa privada construye el hospital y, a cambio, gestiona los servicios no clínicos durante un tiempo, mientras el sector público paga un canon anual por usarlo. Así ocurre con el Hospital Universitario de Burgos, y el canon lleva años pagándolo la Junta de Castilla y León, es decir, nosotros.
La justificación que esgrimen los políticos que han entrado en este tipo de conciertos es que el gasto sanitario es insostenible y que la gestión privada es más eficiente que la pública, algo nunca demostrado, pero repetido desde aquel antiguo Informe Abril.
¿Cómo es posible reducir gastos si la gestión privada no se ejerce de forma altruista y precisa, además del gasto propio en atender a los enfermos, ser productiva para la empresa encargada? La fórmula puede ser recortar plantillas, explotar más a sus sanitarios, utilizar tecnología obsoleta o hacer “selección de riesgos”, eligiendo o priorizando la captación de los pacientes menos complejos y que precisan tratamientos más baratos. Esto era algo que todos sospechábamos, pero ahora ha quedado claro con los audios del CEO del Hospital de Torrejón.
¿Qué se puede hacer?
- Las CCAA con estos hospitales deberían revertirlos a centros de gestión pública. Mientras se revierten, deben de ejercer un control público absolutamente exigente y transparente sobre su práctica. Además, deben financiar suficientemente los centros exclusivamente públicos y gestionarlos de forma eficiente, porque si eso no es así, se está facilitando la deriva privatizadora.
- Desde el Gobierno se puede y se debe derogar la Ley 15/97. El Ministerio de Sanidad está tramitando la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que algunos, como la propia ministra, aseguran derogará la citada ley de 1997, pero que para otros solo la modificará, y no es lo mismo modificar que derogar. El anteproyecto está abierto a consulta pública desde mayo de 2024, y será interesante seguir su recorrido.
- Los ciudadanos también tenemos algo que decir, y no solo con el voto, también siendo vigilantes y exigiendo lo que nos pertenece, porque la salud es un derecho (Constitución Española, art. 43), no un privilegio.