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Bajas laborales: Otro recorte

Sin voces en contra, sin discusión, sin debate, sin fuerzas sociales ni sindicatos cuestionando la medida. Así ha entrado en vigor una modificación normativa, que bajo la fachada de un mejor control del gasto en bajas laborales, supone de facto un recorte en la duración del derecho de la situación de incapacidad temporal.
El Ministerio de Trabajo ha impuesto, sin evidencia científica ni rigor técnico que lo avale, un criterio político que presenta tres importantes efectos negativos: acorta en la práctica la duración máxima de las bajas en un tercio; profundiza el desprestigio del Sistema Nacional de Salud al potenciar las competencias médicas de su entidad gestora de asuntos econónicos (INSS), y quizás lo más grave, dada su pésima calidad normativa, genera una situación de conflicto e incertidumbre en los asegurados que mucho nos tememos incrementará bruscamente la conflictividad en este asunto.
Sorprende el nulo cuestionamiento de una medida que restringe efectivamente la protección social a los trabajadores. Ciertamente estas medidas se adoptan bajo una justificación nominalista de mejorar el gasto en bajas laborales y eliminar lo que algunos denominan "fraude".
Anteriores medidas tomadas en este sentido, basadas en agobiantes controles por INSS y Mutuas, y compartir la gestión de las bajas estas entidades con el SNS, a costa de la desautorización implícita o explícita del Sistema Sanitario, se han mostrado como un enorme fiasco. No han aflorado ninguna bolsa de fraude, y lo que es más, el basto en bajas ha aumentado a un ritmo escandaloso, de hasta un 12% interanual. Hay que exigir responsabilidades políticas por una reforma cara, basada en la culpabilización apriorística de los pacientes en baja, y finalmente sin resultados.
Ahondar en este camino, restándole competencias, contenido y confianza al SNS y a sus facultativos, está abocado nuevamente al fracaso, con un plus de incremento de conflictos, inseguridad de los trabajadores y una tremenda complejización de la situación.
Claro que existen situaciones de abuso de las bajas, pero el camino es otro: la sanción social, la exigencia de responsabilidades personalizadas y el retorno de la gestión y control al SNS.

Miguel González Hierro. El Adelanto 9 Febrero 2008

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