La crisis económica es una amenaza para la salud y ello debido al empobrecimiento de amplias capas de la sociedad y el incremento de las desigualdades sociales que provoca. Los más pobres y los más bajos en la escala social enferman más (depresiones, enfermedades crónicas, toxicomanías…) y esto es algo demostrado y sobre lo cual se ha escrito recientemente, también en estas columnas. Pero la crisis también afecta al sistema sanitario, al público y al privado y de forma preferente a las peligrosas relaciones que se establecen entre ellos. Para empezar la sanidad pública ahorra en inversión en lo menos urgente, que no es lo menos importante, así en políticas de salud o prevención, precisamente las más necesarias para los más necesitados.

Aparentemente el sector privado debería ser el más afectado por la crisis: si no hay dinero, no se recurre al médico de pago, sobre todo porque mayoritariamente la población recurre a éstos para enfermedades o problemas menores y además los conciertos con la sanidad pública de lo que viven muchos centros privados tenderán a disminuir; pero a la larga el sector privado puede ser el gran beneficiario y ello debido al deterioro que puede sufrir la sanidad pública por la falta de inversión y la mayor insatisfacción de los profesionales, ahora peor pagados y asumiendo más trabajo. Además la Administración puede aprovechar la situación de déficit para introducir mecanismos recaudatorios, tan fáciles de instaurar como inservibles e insolidarios y así se entiende el famoso copago, cuyas ventajas nadie ha podido demostrar.

Hay otro aspecto interesante, algunos gobiernos de CCAA, de forma preferente los de Madrid y Valencia, pero también los de nuestra Comunidad (Hospital de Burgos) se han embarcado en proyectos de nuevos hospitales por el sistema de Iniciativa de Financiación Privada, con lo cual parte de su presupuesto está ya comprometido por años con las empresas que han asumido el encargo, quedando así sin capacidad de maniobra y sin dinero para el sistema público en el momento más necesario.

Aurelio Fuertes. El Adelanto 31 agosto 2010

DECLARACIÓN DE BARCELONA SOBRE EL COPAGO

En estos momentos en que el gobierno de España ha impulsado un plan de austeridad con congelación de las pensiones, rebaja de las políticas sociales, recorte de sueldos al funcionariado y demás trabajadores y trabajadoras del sector público, con la intención de alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 entre otras medidas restrictivas contra las clases trabajadoras, han vuelto a surgir con más fuerza las voces favorables a la privatización de empresas y servicios públicos y a favor del copago en la sanidad pública.

Las personas y organizaciones reunidas hoy, 10 de junio del 2010 en Barcelona, en esta Jornada Contra el Co-Repagament: per l'equitat i la salut pública, nos pronunciamos de manera resuelta y decidida contra el copago y cualquier otra medida que implique un desembolso adicional directo de la ciudadanía para acceder a los servicios públicos de salud, o de manera indirecta mediante fórmulas de desgravación fiscal por contratación de seguros sanitarios privados, por los siguientes motivos:

1) Cualquier medida que signifique una barrera económica, por pequeña que sea, que suponga un desembolso para poder acceder a los servicios de salud es perjudicial, regresiva e injusta en la medida que expulsa de un sistema universal --o pone trabas a su acceso-- a las personas con las rentas menores o mínimas. El pago o copago por la atención a los problemas de salud puede no ser asumible o bien representar una importante carga para las personas que pertenecen a los grupos más desfavorecidos. Éste es un aspecto fundamental a tener en cuenta desde la perspectiva de la equidad. Las distintas formas de copago existentes o en discusión pueden generar dificultades de acceso económico que acaban determinando desigualdades sociales en salud. Existe bibliografía significativa que recoge las experiencias en todo el mundo y da cuenta, además, de los estrepitosos fracasos de este tipo de medidas.

2) Supone una discriminación adicional e injusta para las personas con mayores problemas de salud como son las ancianas, las que padecen enfermedades crónicas, y aquéllas que soportan cualquier tipo de discapacidades, las que están en espera de diagnóstico o tratamiento, o para las familias con más niños/as y gente mayor bajo su responsabilidad.

3) Las menores rentas salariales de España, el bajo nivel de la mayoría de pensiones y su propuesta de congelación incrementan la inequidad del copago sin que esta medida, compleja y burocrática, resuelva el déficit de financiación.

4) La insuficiente presión fiscal en España en relación a los países de la U.E. y el deterioro de su progresividad de los últimos años no puede justificar una medida que va en el sentido de hacer pagar proporcionalmente más por los servicios públicos a los que menos tienen, agravando las desigualdades. Unos servicios públicos que ya de por sí son escasos en relación a los de los quince países más ricos de la UE.

5) Entendemos que los ingresos fiscales deben sostener todo el gasto sanitario actual y su desarrollo, que sería una medida antisocial introducir medidas lesivas como su REpago, en especial en tiempos de crisis, y que conviene una revisión a fondo de nuestra fiscalidad mejorando su carácter redistributivo y aumentando la financiación de unos servicios de sanidad probadamente eficientes a pesar de que están por debajo de la media europea.

6) Si se aprobaran desgravaciones fiscales por el hecho de contratar cualquier tipo de seguro sanitario privado individual, entendemos que supondría una desviación (por no ingreso) de dinero público a la sanidad privada, debilitando la sanidad pública y favoreciendo únicamente a los que pueden pagarse un seguro sanitario privado.

7) Frente a argumentos que justifican el copago como un mecanismo de contención del gasto, la propia OMS suministra abundante evidencia científica en el sentido de que el copago es un instrumento débil y no efectivo para mejorar la eficiencia y contener los costes sanitarios.

8) El copago puede reducir el uso de los servicios preventivos, especialmente entre los grupos más vulnerables, lo que a largo plazo conduce a unos mayores costes sanitarios y a un deterioro general del estado de salud de la población.

9) Hay evidencia de que las distintas fórmulas de copago reducen sin discriminar tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, y que tienden a afectar la salud y la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos.

10) Los argumentos de promoción del copago como medida de corresponsabilización por parte de la ciudadanía incluyen dos falacias, en la medida que responsabilizan a la ciudadanía y no a las autoridades sanitarias de las deficiencias existentes. Dichas deficiencias no las debe pagar la ciudadanía, y mucho menos si se mantienen para preservar, como ocurre de forma injustificada, determinados intereses económicos.

Por todo ello, las personas y organizaciones presentes nos comprometemos a difundir los argumentos y evidencias contra el copago, a sumar esfuerzos con todas las personas y entidades que perciban estas medidas como socialmente injustas, a oponernos por todos los medios democráticos a la implantación de estas propuestas entendidas como un auténtico impuesto sobre la enfermedad y que castigan más a las personas más necesitadas, y a denunciar y negar nuestro apoyo a quienes intenten introducirlas en nuestra sociedad.

En Barcelona, a 10 de junio del 2010

FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA

DEMPEUS PER LA SALUT PUBLICA

La Sanidad Pública es uno de los servicios esenciales para el mantenimiento del estado de bienestar y la buena salud de la población general en nuestro país.

Los servidores públicos de la sanidad, sanitarios y no sanitarios, somos también valedores de los principios de equidad y accesibilidad inherentes a nuestro Sistema Nacional de Salud.

El reciente recorte en gasto social acometido por el Gobierno de la Nación va a afectar, a varios niveles, a la salud de la población:

1º. Puede disminuir el actual gasto sanitario por habitante ya de por sí insuficiente y por debajo de la media de la Unión Europea.

2º. Disminuye el nivel de renta de los pensionistas, y este, como es sabido es uno de los determinantes clave del estado de salud sobre todo se las personas con niveles económicos mas bajos.

3º. Retrasa y deteriora la aplicación y las prestaciones de la Ley de Dependencia, elemento básico de la atención sociosanitaria.

4º. Además y aunque inicialmente se anunció un recorte en el precio de los medicamentos de marca, finalmente y cediendo a las presiones de la industria farmacéutica, está medida no se va aplicar y ha sido sustituida por un sistema de retorno de un porcentaje de los ingresos de la industria, cuya eficacia en la reducción del gasto farmacéutico publico es mucho menor y nula en los que respecta al gasto privado.

Por ultimo, hay que señalar el grave error que supondría además, cualquier aplicación de copagos en la asistencia sanitaria pues tal y como hemos señalado reiteradamente, supondría un impuesto a la enfermedad y una barrera al acceso a la atención sanitaria para la personas mas enfermas y con menor renta. Y todo ello en un contesto de crisis económica y con alta tasa de paro que los hace más injusto e insolidarios.

Desde la FADSP abogamos por una retirada de estas medidas de recorte y el incremento del gasto sanitario y social para situarnos en la media de las prestaciones de la UE-15.

En Cádiz a 30 de mayo de 2010.